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Miércoles 11 de noviembre de 2009, por Prensa del Subte [ER]
Agencia CTA
Sólo se trata de la ley
por Horacio Meguira

Hay una gran confusión respecto a la raíz del conflicto de Subterráneos. Algunos medios colaboran para ello. Se intenta hacerlo aparecer como un conflicto intersindical donde las víctimas son los usuarios del subterráneo.

No es lo que aparenta ser. La verdadera historia es que un colectivo de trabajadores dependientes de la empresa Metrovías, ejerciendo el derecho a la libertad y democracia sindical resolvió fundar la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).

Lo que solicita -en términos constitucionales- es “la simple inscripción en un registro especial”. El Estado, en un plazo de 90 días, debe registrar una decisión “voluntaria y libre” previa de los trabajadores.

Se trata de un derecho fundamental consagrado por “bloque constitucional” (Art.14 bis, convenio 87 de la OIT y tratados internacionales) y ésa es la causal de la medida de fuerza, nada menos que el impedimento por parte del Estado del ejercicio de un derecho fundamental.

No cabría por parte del Ministerio de Trabajo ninguna observación (salvo la ilicitud del objeto que no es el caso) pues sólo se trata de el ejercicio de un derecho.

Distinto es la personería gremial, en donde se resuelve cual es el sindicato más representativo, especialmente para la negociación colectiva. La “simple inscripción” no implica desplazamiento de la representación de la UTA.

La obligación del Ministro Tomada como funcionario público es resolver un trámite que procedimentalmente está concluido, más teniendo en cuenta que está en juego el derecho fundamental de libertad sindical.

La responsabilidad de los inconvenientes que produce en los usuarios no es ni de los trabajadores ni de la empresa, sino del Gobierno que se niega a resolver esta cuestión.

Lo que sucede, es que un “sindicato simplemente inscripto”, que otrora era considerado una asociación sin importancia, a partir del fallo “ATE” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha adquirido otro significado ya que puede convocar a elección de delegados permitiendo la “organización” de los trabajadores.

La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones acaba de pronunciarse confirmando la sentencia de primera instancia que declara “la mora administrativa”. Vencido el plazo, si persiste el incumplimiento por parte del Ministro Tomada, podría incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Los compromisos corporativos adquiridos entre el Gobierno, la CGT y la UIA, parecen ser más fuertes que la razón incontrastable que emana de la ley.


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