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Miércoles 23 de abril de 2008, por Prensa del Subte [ S ]
La Corte Suprema sostuvo que las empresas de transporte deben garantizar la salud y la vida de los pasajeros
INFORME DE PRENSA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había rechazado la demanda de un usuario que sufrió lesiones en un pie al descender de un subte.

Sostuvo el Tribunal que las empresas de transporte deben garantizar la salud y la vida de los pasajeros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente un recurso extraordinario contra una sentencia de la Sala “E” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y dejó sin efecto un fallo que había rechazado una demanda por daños y perjuicios promovida por María Leonor Ledesma contra la empresa Metrovías, con motivo de las lesiones que sufriera la actora en su pie izquierdo al descender de un vagón de la línea “D” de subterráneos.

Con una mayoría integrada por los votos de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco (por su voto), Fayt, Maqueda y Zaffaroni, la Corte Suprema sostuvo que la interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros (art. 184 del Código de Comercio), debía ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto por la Constitución Nacional para los usuarios y consumidores (art. 42) y el cuidado que deben tener respecto de la salud y la vida de éstos los prestadores de servicios públicos.

Cabe recordar que la referida Sala de la Cámara Civil había considerado que la introducción del pie en el hueco existente entre el vagón de la formación de trenes y el andén de la estación no era un hecho ordinario o frecuente y que sólo podía obedecer a una incorrecta maniobra de la señora Ledesma. Por esa razón, revocó el fallo de primera instancia que había dado lugar a la demanda.

La Corte sostuvo que cuando un ciudadano común accede al vagón de un tren subterráneo confía en que el responsable del servicio se ocupa razonablemente de la seguridad, ya que no se trata de un contratante experto en condiciones de exigir pruebas e información antes de hacer uso de la prestación.

Ponderó el Alto Tribunal que por aplicación del derecho común, la obligación de la seguridad era objetiva y que el hecho de que la víctima hubiera puesto el pie en el hueco existente entre el andén y la formación, no tenía aptitud para configurar una causa eximente de responsabilidad.

Añadió que la falta que se le imputaba a la actora, que no era clara porque el incidente se produjo en ocasión de un tumultuoso descenso del vagón del subterráneo y pudo haber sido empujada, era consecuencia de una omisión previa del prestador, que había tenido a su alcance la posibilidad de evitar el accidente adoptando las medidas necesarias para garantizar un ordenado ascenso y descenso de los pasajeros.

La ministra Elena Highton de Nolasco afirmó, con remisión al dictamen de la Procuración General, que más allá de la eventual imprudencia de la víctima, era necesario precisar en qué medida las circunstancias que determinaron el accidente podrían haberse evitado si se hubiese adoptado la conducta apropiada en materia de seguridad. Dijo también que no podía liberarse totalmente a la empresa transportadora por los daños causados si no se había demostrado de modo fehaciente que la culpa fuera de la víctima o de un tercero.

El ministro Enrique Petracchi votó en disidencia al entender que el recurso extraordinario era inadmisible y desestimó la queja por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Informe de Prensa N° 37 Buenos Aires, 22 de abril de 200



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