El transporte público de pasajeros presenta un cuadro de deterioro muy acentuado y ya de largo plazo, que genera crecientes dificultades en la prestación de los servicios y daños ambientales.

Tanto trenes como subtes y colectivos muestran signos de obsolescencia de su infraestructura, lo cual se refleja en frecuencias cada vez más insuficientes y en altos niveles de contaminación por la emisión de gases y ruidos.

En el caso de la red de subterráneos, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación señala que "el 88% de los coches tiene entre 25 y 95 años de antigüedad" y, además, que los vagones no reciben todos los mantenimientos adecuados.

En el parque de colectivos, se encuentran todavía en uso unidades que ya hace varios años deberían de haber sido retiradas, por el alto nivel de ruido y emisión de gases que presentan, y por no cumplir con los recaudos exigidos para que puedan trasladar a personas con necesidades especiales.

La estrategia de subvencionar este modo de prestación de servicios muestra, entonces, signos de agotamiento, por lo cual se necesita articular una política de inversiones públicas y privadas de largo plazo que permita recuperar, incrementar y modernizar la red de transporte público.

De otro modo, la cantidad y calidad del servicio seguirá reduciéndose, al tiempo que se incrementarán consecuencias del deterioro de subtes y colectivos, como los siniestros o la contaminación ambiental.

Tanto los subtes como los colectivos presentan signos de deterioro que afectan los servicios y el medio ambiente. La política de subsidios está agotada y se necesitan inversiones de largo plazo para recuperar el sistema.